El rol del Estado

Se dirimen en Nueva York definiciones judiciales importantes para el país. Es el caso en que YPF es demandada en la Corte de Distrito por dos empresas españolas del grupo Petersen controladas por la familia Eskenazi y hoy concursadas en España, y por dos fondos de inversión administrados por la empresa de inversiones estadounidense Eton Park Capital Management, L.P.

El origen de la causa se remonta a la ley de expropiación de 2012, que autorizó al Estado nacional a expropiar el 51% de las acciones en poder de la española Repsol, y los demandantes alegan que no se hizo una oferta para adquirir las acciones restantes por un precio calculado del modo previsto en el estatuto, por lo que solicitan una indemnización de 8.554 millones de dólares más los intereses. La demanda se dirige a la vez al gobierno argentino como adquirente y a YPF SA como sociedad por no haber arbitrado los medios para evitar el supuesto incumplimiento.

El balance, también, obliga a repensar, el fracaso de la estrategia que supuso la entrada de un grupo privado, lejano a la altura de la empresa, cuyo saldo, en vez de una mayor participación nacional en las decisiones, fue una demanda en tribunales neoyorquinos por un monto superior al pagado a Repsol.

El juicio, además del resultado, reviste importancia para sostener y defender la viabilidad de YPF que probablemente sea la empresa controlada por el Estado cuyo mejor resultado social se materializa en relación a las expectativas sobre el rol que debería cumplir. La firma que lideró la generación de proveedores locales, las asociaciones para la exploración petrolera no convencional -y ahora offshore- y la generación de capacidades en Vaca Muerta.

El debate sobre el rol social de las empresas públicas amerita profundizar algunos aspectos. Quienes defendemos al Estado como impulsor del crecimiento, regulador y generador de actividad económica, debemos prestar atención a que cumpla su objetivo en forma adecuada.

Mariana Mazzucato, la teórica que más ha estudiado ese rol de la acción estatal, ha hecho énfasis en la necesidad de una mirada dinámica de la eficiencia, el desarrollo de capacidades públicas y la generación de valor social. Una utilización inteligente de los fondos del tesoro implica discutir el funcionamiento de las empresas públicas y el empleo público no (solo) por sus resultados fiscales sino por el valor social que generan.

Desde 2019 hasta la fecha, se duplicó el déficit de las empresas públicas en términos reales. ¿Ese aumento marcado en el gasto fue acompañado de un incremento similar en las prestaciones que otorgan o en los servicios que prestan? Tampoco han generado mayores externalidades vinculadas o nuevos mercados en la medida del aumento de sus presupuestos, ni aumentado proporcionalmente capacidades locales técnicas o científicas. Discusiones como la eficiencia y la productividad, subordinadas siempre a la eficacia estatal, no son necesarias sino imprescindibles.

En un Estado en que las carencias son múltiples, la discusión sobre el uso de los fondos públicos y su posibilidad de generar crecimiento es también la medida del ajuste del gasto al que obligan las metas suscritas con el FMI tras el proceso de endeudamiento del macrismo. Mayor crecimiento redunda en menos necesidad de ajuste y cada peso de déficit injustificado en el funcionamiento de las empresas estatales, significa un peso sustraído de otro lugar del gasto del Estado, donde acaso pudiera estar beneficiando a la sociedad.

Uno de los puntos que más disgusto generó fue el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. La empresa cobra sus pasajes a precios similares a otras compañías de la región. Los

Basado en una nota del autor en Cenital “OFF THE RECORD” del 1/11/22

resultados operativos de nuestra aerolínea de bandera son peores que los de aquellas. Las externalidades positivas que genera la empresa estatal -uno de los principales argumentos para defender que no se mire solo el déficit- son similares que las de sus competidoras en la región y los costos, mucho mayores. Las rutas que no cubren las empresas privadas y que conectan con las provincias más alejadas del circuito comercial, ¿explican las pérdidas o las ganancias? ¿Aerolíneas pierde dinero en las rutas más comerciales?

Una vez más: no se trata de ajustar sino de maximizar las capacidades existentes. Para ello, funcionalidad, productividad o utilidad social concreta no pueden ser tópicos prohibidos ni para la administración ni para los representantes sindicales.

Una sociedad nihilista y un sindicalismo únicamente corporativo en relación a las empresas públicas es la receta para que un gobierno ultraliberal pueda plantearse con posibilidades de éxito su desahucio. Para ponerlo en perspectiva histórica, ¿hubieran sido posibles los 90 si no hubieran estado precedidos por los cortes de luz programados o el pésimo despliegue de la red de líneas telefónicas durante la década que los antecedió? Limitarse a decir que el ajuste no es el camino sin evaluar los alternativos es una manera de abrirle paso. Un clásico de las izquierdas testimoniales, no del peronismo.