500 días de motosierra

Menos producción, más ajuste

El Producto Bruto Interno (PBI), que mide el total de la producción del país, se redujo. Pasó de $ 714.464 millones (a valores constantes) a $ 702.181. Es decir, hay menos actividad económica.

La industria también retrocedió. La producción manufacturera bajó casi 15 pp en el índice general, y la utilización de la capacidad instalada -una forma de saber cuánto se está usando de lo que las fábricas pueden producir- cayó del 66,4% al 58,6%. Menos máquinas en funcionamiento significan menos trabajo y menos producción.

CELAG destaca, entre otros números, la “reducción de producción de automóviles” en más de 100.000 unidades en los primeros 16 meses de gestión libertaria. La construcción, un motor clave del empleo informal y del sector privado, bajó un -20%. Todo esto está directamente ligado a otro dato preocupante: la caída en la inversión: la formación bruta de capital fijo -lo que se invierte en maquinaria, herramientas, infraestructura- bajó del 18,6% del PBI al 15,8%.

La desocupación creció, y hay menos empresas registrando trabajadores. Aunque JGM prometió “libertad”, lo cierto es que hay menos trabajo, menos consumo y más deuda. “Se redujo el PBI, bajó la producción industrial, y hay “menos utilización de capacidad instalada y menos importaciones de bienes de capital”.

Mientras tanto, la deuda pública creció en más de US$ 100.000 millones. La inflación acumulada desde que JGM asumió es del 196%, y el dólar oficial pasó de $ 391 a $ 1.114. Una verdadera megadevaluación.

Inflación galopante y deterioro del poder adquisitivo

El poder adquisitivo se derrumbó. Hoy, una jubilación mínima compra menos de lo que compraba hace 500 días. Las consecuencias se sienten en el bolsillo. En tanto, la canasta básica que puede adquirirse con una jubilación mínima pasó de 1,24 en diciembre de 2023 a 0,98 en la actualidad, del mismo modo que “el porcentaje de salario promedio registrado destinado al pago de tarifas” saltó del 5,9% a 10,3% desde que gobierna JGM, aunque en vez de llamarlo tarifazo le dicen “sinceramiento”.

También resalta que al inicio de la gestión de JGM con un salario mínimo, vital y móvil podían comprarse 2.757 boletos de colectivos en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires), mientras que ahora sólo se pueden abonar 696. O sea el precio del boleto mínimo de colectivo (en comparación con el salario mínimo) se volvió impagable: se multiplicó por casi cuatro.

Los datos relevaron que las ventas en supermercados registraron una baja del -19 % en el mismo período. El consumo de leche por persona cayó de 192 a 171 litros anuales, y el de carne vacuna de 53 a 44 kilos.

Y para pagar las tarifas, los hogares deben destinar más del doble de su salario que antes: pasó del 5,9% al 10,3%. La suba de los medicamentos también impactó fuerte: el índice para adultos mayores trepó un 158%.

Como dijimos, desde diciembre de 2023 la inflación acumulada roza el 196,6 %, impulsada principalmente por la devaluación del peso, el incremento en los precios de los medicamentos, el encarecimiento de los servicios públicos y el alza del combustible. Para millones de trabajadores, esto se traduce en una merma continua del salario real y en la necesidad de destinar cada vez más ingresos a cubrir necesidades básicas.

Conclusión: ¿Quién paga el costo del ajuste?

Lejos de generar alivio para la economía doméstica, el paquete de medidas impulsado por el gobierno libertario ha profundizado la brecha entre las grandes corporaciones y los trabajadores. El argumento de “ordenar las cuentas” se traduce, en la práctica, en una brutal transferencia de riqueza que recae sobre el consumismo interno y los bolsillos de la población más vulnerable, como se puede observar en el Cuadro a continuación. Mientras los balances macroeconómicos reflejan un mayor apalancamiento externo, el ciudadano de a pie experimenta cada día el precio real de estas políticas.