La política fiscal a un año del anarcocapitalismo

El gobierno anunció que en enero 25 hubo superávit financiero, el 11 de su gestión, luego de un importante déficit en el mes de diciembre 24 (nov y dic 23, jul y dic 24 fue negativo). Después del pago de deudas, tuvo un saldo positivo de casi $ 600.000 mill en valores corrientes ($5.741 mill en valores constantes de $ de 2015). El dato resulta significativo en función de que el mes de junio, también en valores corrientes, cayó fuerte la recaudación fiscal respecto de mayo y subió el gasto (+12%) por el pago de aguinaldos (igual que entre dic 24 y nov 24). Todo apunta a llevar mayor tranquilidad a los mercados al mostrar que se mantiene firme el “ancla fiscal” (ver cuadro 1).

El ancla fiscal seguirá como eje de la política económica en 2025 buscando mantener el superávit alcanzado. En este sentido, con impuestos que ya no están (caso imp. País) y gastos previsionales que ajustan por inflación, la reducción en otras partidas del gasto y/o el incremento en ingresos ligados al nivel de actividad tendrán que compensarlos (no se sabe cómo). Sin embargo, algunas erogaciones ya se encuentran en niveles tan bajos (gastos de capital, seguridad social) y otras no se pueden parar de reducir aunque son un reto frente al objetivo de la desinflación (subsidios energéticos). El equipo económico tendrá el doble desafío de sostener el superávit y avanzar en la reducción del costo argentino (menos impuestos, menos subsidios).

No obstante, dado que el ancla fiscal es clave en el esquema económico de las autoridades, no existen dudas respecto a que la prioridad será mantener el equilibrio financiero, aunque difícilmente podrán continuar con el ritmo de ajuste del gasto realizado en 2024, en un marco de prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.) que representan dos tercios de las erogaciones.

Para poder sostener el superávit financiero, el Gobierno retrasó pagos, específicamente los subsidios eléctricos y otros para universidades y docencia. La disminución del gasto en subsidios económicos solamente fue de -73,2% dic 24 vs dic 23, en valores constantes (Cuadro 1). UYna marca difícil de igualar.

Los ingresos totales de junio sumaron $11.100.492 Mill con las siguientes características estimadas todas en valores constantes (ver Cuadro 1):

• Un incremento real del 18,3% en dic 24 en relación a dic 23. Ahora si tomamos el mes de nov 24 vs nov 23 la caída fue de -6,9%. En enero 25 inter anual también hubo caída de ingresos totales.
• Los recursos tributarios cayeron en toda la línea, sobretodo “ganancias” que con un -3,1% en valores constantes sufrió un fuerte retroceso respecto de mayo, dejando atrás el efecto positivo que en mayo produjo el vencimiento de las declaraciones juradas de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023.
• El IVA registró un incremento de casi 19% en enero 25 y dic 24 interanual, o sea en 12 meses incrementó el registro de recaudación pero recién en los últimos meses del año pasado estaba superando los niveles de recaudación de nov 23.
• El “impuesto al cheque” cayó -6,5% con relación a nov 23, explicado por el nivel de actividad básicamente.
• Las contribuciones patronales aumentaron 55% de dic 24 a nov 23
• Las retenciones cayeron -44%, dejando atrás el efecto positivo que en los primeros meses del año había generado la devaluación sobre los ingresos asociados al comercio exterior.

En tanto, los gastos primarios alcanzaron los $8.663.289 millones en enero 25, con caída de - 24,4% desde nov 24 vs nov 23. En realidad cayeron en todos los periodos inter anuales que hemos estimado, un signo de lo mismo que dice el gobierno: si cae la recaudación bajan los gastos para mantener el equilibrio fiscal.

• Ese derrumbe de los egresos se atribuye principalmente (por su peso sobre el total) a la licuación de los haberes de los jubilados, que aumentan 9% en términos reales (por el aumento de junio), la prácticamente nula ejecución de obras por parte del gobierno y, por último, los recortes en intereses (explicados más adelante). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos.
• Las prestaciones de la Seguridad Social llegaron a $7.212.371 millones, producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó los aumentos jubilatorios para que acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen (si bien se comió el deterioro inflacionario de enero y febrero 24), más el impacto del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de jubilados y pensionados.

Dado que el 65% de las erogaciones responden a prestaciones sociales, éstas son las que explicaron la mayor parte de suba del gasto de enero 25. Esto es un desafío hacia delante. En efecto, las proyecciones de jubilaciones y pensiones plantean que el gasto en esta partida se incremente en 0,5 p.p. del PBI respecto al año anterior, alcanzando un 6,7% del producto. Esto se daría frente a la muy base baja de comparación que deja el 2024, cuando se cambió de fórmula de actualización de los haberes a través del DNU 274/24, sin compensar la licuación inicial (dic-23 y IT-24). Así, en 2025 este gasto volvería a niveles similares a los de dos años atrás (como porcentaje del producto), si bien sería todavía menor a los de años previos. La mínima mejoraría "sólo" 2,8% i.a. (vs. -15% i.a. en 2024) debido a la no actualización del bono de $70.000 que representa un 20% del haber.

• Por otra parte, las remuneraciones del personal público alcanzaron $1.634.415 (+50%), producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas, muy por debajo de los niveles de inflación.

Las conclusiones más importantes son las siguientes:

Si bien el resultado primario en el primer mes del año resultó superavitario ($ 23.306 mill en valores constantes), y el financiero en $ 5.741 mill, también constantes, esto fue con ingresos interanuales en términos reales de -1,9 i.a. y erogaciones incrementándose en 13,8% i.a.. A este respecto vale señalar que se compara con enero de 2024, cuando muchos presupuestos se encontraban aún en revisión y con áreas paralizadas.

En los 12 meses del año no hay dudas que el ajuste lo vienen pagando los jubilados y la obra pública. No obstante, dado que el ancla fiscal es clave en el esquema económico de las autoridades, no existen dudas respecto a que la prioridad será mantener el equilibrio financiero, aunque difícilmente se podrá seguir ajustando al nivel del gasto realizado en 2024, en un marco de prestaciones sociales que representan dos tercios de las erogaciones.

En definitiva, en un contexto de erogaciones por jubilaciones en alza en términos del producto dada la nueva fórmula de movilidad, mantener el gasto en los niveles alcanzados en 2024 (15,2% del PBI) demandará un recorte por vías desconocidas. Algunas partidas ya se encuentran en niveles bajos (gastos de capital, transferencias a provincias) y otras implican un reto frente al objetivo de la desinflación (subsidios energéticos). Así, las autoridades deberán balancear sus objetivos prioritarios, teniendo presente que hay ingresos fiscales con los que ya no contarán (caso impuesto país y algunas retenciones).

Vale mencionar, por otra parte, que si bien seguir registrando superávit financiero resulta de gran relevancia para mostrar solidez fiscal, por el modo de contabilizar los intereses en las cuentas fiscales no se incluyen aquellos capitalizables como son las Lecap y las LEFI. Hacia delante habrá que avanzar en un ajuste fiscal adicional que permita alcanzar un equilibrio fiscal financiero más creíble.