Claves del plan económico

Este blog publicó dos informes sobre las expectativas del futuro plan económico en las

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postrimerías del gobierno anterior. Uno en agosto y otro en octubre de 2019 donde se ordenaban conceptos de los principales referentes económicos del, en ese momento, presidente electo AF, emitidos en una serie de reuniones, públicas y privadas. Sobre la base del mismo esquema utilizado se hace a continuación una descripción de las medidas que se están aplicando y las que se enuncian para un futuro cercano.

1. Diagnóstico y Arranque: los primeros 6 meses

No hay reservas internacionales para cubrir los desequilibrios externos ni se puede acceder al financiamiento externo ni tampoco existen términos de intercambio favorables. Ninguna de estas 3 condiciones estará presente en al menos los próximos 4 años. Por lo tanto, se trata de implementar un programa basado en la producción, el trabajo y el desarrollo científico que permita generar un excedente de divisas para asegurar el crecimiento económico y pagar la deuda externa. Por eso se sostiene que se deberá alinear la política fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera, en esa dirección.

Teniendo en cuenta ese contexto la intención del equipo de AF es que, en 4 años, la situación financiera y fiscal del país esté más ordenada y bajo los siguientes criterios básicos:

• restructurar la deuda pública dentro de un marco de mayor previsibilidad (ítem 4),
• demostrar que se está haciendo un esfuerzo fiscal para avalar las propuestas de reestructuración (ítem 3),
• ofrecer un superávit comercial lo suficientemente sólido como para mostrar que el país está en un proceso de aumento de la oferta de divisas, y no de mayor demanda,
• lograr un acuerdo de precios y salarios que permita quebrar la inercia inflacionaria (ítem 2),
• que Argentina esté en crecimiento,

El día 23/12/19 se publicó en el BORA la ley Nº 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” que forma parte de un programa tendiente a equilibrar las cuentas del presupuesto para dar una señal a los mercados de que el Gobierno está comprometido con el equilibrio de las cuentas públicas. El objetivo es crear confiabilidad en los acreedores de la deuda, negociar con las provincias la suspensión del Pacto Fiscal, y tratar de contener por un tiempo los reclamos sociales previo acuerdo con

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sindicalistas, dirigentes sociales y gobernadores. Por ejemplo :

Deuda Pública: La ley autoriza al Gobierno a emitir Letras en dólares, que el BCRA comprará, por un monto de hasta U$S 4.751 millones, a 10 años, con amortización integra a su vencimiento y pago semestral de intereses. Los dólares así obtenidos solo podrán ser aplicados para el pago de la deuda denominada en moneda extranjera. Dicha cifra representa la voluntad de pagar cerca del 40% de los intereses que vencen el próximo año.

Además, el Gobierno suspendió (Decreto 49/2019) el pago de las amortizaciones de las LETES en dólares hasta el 31/08/20, lo que implica postergar el desembolso de cerca de U$S 9.000 millones.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad Anses: Se aumenta el límite que dicho Fondo puede invertir en títulos públicos hasta el 31/12/2023 del 50% al 70%. Luego deberá regularizar dichas tenencias. Tratando de compensar esta medida, el PEN distribuirá el producido del Impuesto PAIS (30% a la compra y/o gastos en dólares) de la siguiente manera: a) 70% a la Administración de la Seguridad Social y PAMI, y b) 30% al financiamiento de viviendas sociales, obras de infraestructuras y fomento al turismo.

Gráfico o imagen disponible en el informe en PDF.

Además, el artículo 52 de la ley establece que el 67% del valor incremental de los Derechos de Exportación será destinado al financiamiento de los programas del ANSES y el PAMI, y el 3% restante a un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través del otorgamiento de créditos.

Jubilaciones: A todos los beneficiarios de la seguridad social se les otorgó el incremento vigente para el mes de diciembre de 8,7%, según la fórmula en curso. En Diciembre y Enero de 2020, se pagará un bono de $ 5.000 cada mes destinado a las prestaciones mínimas, y $2.000 para los titulares de la AUH. Se suspenden los regímenes de movilidad, que venían del gobierno anterior, por el plazo de 6 meses. Todos los beneficiarios de todos los regímenes recibirán aumentos trimestrales según lo disponga el presidente por decreto El gobierno podrá en 180 días recomponer la fórmula para alterar la pauta distributiva y mejorar la situación de los que cobran la mínima.

Tarifas: Se congelan las tarifas de luz y gas por 180 días. Posteriormente se incluyó al transporte de trenes y colectivos por 120 días.

Moratoria Impositiva para Micro y Pymes: Con un plan de hasta 120 cuotas que incluye multas e intereses. Por deudas impositivas y de seguridad social.

Doble indemnización: Pagarán doble indemnización las empresas que en los próximos 180 días despidan a sus empleados. Dicha medida no corre para quienes incorporen nuevos empleos.

Cepo: Se mantiene el cepo cambiario. No se podrán comprar para atesoramiento más de U$S 200 mensuales, y se deberá pagar el impuesto del 30%.

Créditos no bancarios: El Ministerio de Desarrollo Social otorgará “créditos” a las Pymes, a una tasa del 2% o 3% anual. La ANSES reduce la tasa de interés y suspende la cuota de los créditos hasta marzo.

Ajuste Positivo del Salario Real: El mismo será moderado y será difícil que en 2020 recupere la pérdida del poder adquisitivo que sufrió. En forma transitoria se otorga un aumento de $4.000 para empleados privados y para estatales hasta $60.000.

Aumento del Crédito Bancario: Se estima que la baja de la tasa de interés de las LELIQ hará reducir su stock, incorporándose dichos montos a los Plazos Fijos. Eso expandirá la Base Monetaria en forma similar con la inflación esperada; y el aumento de la Demanda Agregada se traducirá en mayores créditos.

Liquidación de divisas: los exportadores deben liquidar las divisas dentro de un máximo de 5 días hábiles después de su cobro o 180 días después del primer embarque (en este último caso representa para los commodities 15 días). No hay restricciones para el pago de deudas a su vencimiento. Se deberá pedir autorización al BCRA para girar divisas al exterior. Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.

Impuesto Cedular (Ganancias): Se mantiene vigente para 2019. A partir de 2020 se deroga parcialmente el Impuesto a la renta financiera. Quedan exentos los intereses de Caja de Ahorro, Plazos Fijos y Títulos Públicos en moneda nacional, etc. Las inversiones en dólares o con cláusulas de ajuste seguirán gravadas.

Impuesto a los dividendos (Ganancias): Se suspende hasta el 31/12/20 su incremento del 7% al 13%. Es decir la alícuota sobre Dividendos y Remesas de Utilidades quedan en el 7%.

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios: Quienes generen extracciones de efectivo estarán sujetos al doble de la tasa actual, y por lo tanto pagarán por dichas extracciones el 1,2%. Estarán exentas de dichos incrementos las personas humanas y las jurídicas que sean Pymes.

Impuestos Internos: Se incrementan las alícuotas y se bajan las bases imponibles. Incluye, entre otros bienes, a los automóviles.

Tasa de Estadística: Se dispone hasta el 31/12/20 un aumento del 2,5% al 3% sobre las importaciones. Existen exenciones.

Derechos de Exportación: Se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o precio oficial FOB. Se prohíbe que estos derechos superen:

a) el 33% para el poroto de soja, b) el 15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación o tenían alícuota cero al 02/09/18, c) el 5% para los productos agroindustriales de las economías regionales. Las alícuotas para bienes industriales y servicios no podrán superar el 5%, y las correspondientes a hidrocarburos y minería no podrán superar el 8%.

Se prevén mecanismos de segmentación y estímulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas.

2. Aplicar política redistributiva: para potenciar el mercado interno, generar empleo

y fortalecer indicadores sociales

El paquete aprobado de Solidaridad Social es el eje de esta primera etapa de la economía argentina y representa un cambio significativo en relación con la administración anterior.

Se trata de promover la reactivación de la economía para alcanzar con el tiempo cierto equilibrio fiscal que le permita negociar de mejor forma con los acreedores financieros internacionales. Así el impulso fiscal parte de un redireccionamiento de los gastos estatales hacia los sectores más desprotegidos y financiarlos con recursos de sectores concentrados como el agro (retenciones) o grandes propietarios (bienes personales e inmobiliarios).

De esta manera, por un lado se alivia la situación de la población de menores ingresos y por el otro se reactiva la demanda interna para mejorar las ventas minoristas que llevan varias caídas interanuales sucesivas.

Paralelamente se firmó entre el Gobierno, los empresarios, sindicalistas y movimientos sociales un pacto para la búsqueda de consensos. En el corto plazo, el acuerdo de precios y salarios será esencial para cortar la inercia inflacionaria y alinear los precios relativos.

3. Sector público tiene que generar excedentes: en $ para comprar divisas al sector

privado.

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Según algunas estimaciones , si se suman los congelamientos de algunos servicios públicos y los combustibles, la suma remunerativa a cuenta de futuras paritarias para los trabajadores privados, la inyección a la demanda doméstica alcanza los $121.000 millones:

Adicional para jubilados y pensionados: $ 46.000 millones Adicional a beneficiarios de la AUH: $16.000 millones Aumento a estatales de la APN: $2.100 millones Tarjeta alimentaria: $3.000 millones Congelamiento de medicamentos: $3.050 millones Congelamiento de naftas y peajes: $9.150 millones Congelamiento de servicios (luz, agua, gas, transporte) por 6 meses: $22.050 millones Aumento remunerativo a privados: $20.000 millones

El Gobierno cree que al destinar esos fondos a los sectores más vulnerables (más afectos al consumo) se neutralizará el efecto negativo sobre los sectores de mayores ingresos por aumento de los impuestos. En ese sentido no hay unanimidad sobre el monto final y las estimaciones son muy diferentes. La cifra puede oscilar en torno a los U$S 8.000 millones, o

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se aproximadamente $500.000 millones :

Derechos de Exportación: $139.000 millones Imp. Ahorro en U$S y Gastos en el Exterior - 30%: $148.000 millones Aumento Imp. Bienes Personales: $45.000 millones Congelamiento MNI Contrib. Patronales y Beneficios Netos PYMES: $80.000 millones

https://www.ambito.com/politica/ley-solidaridad-social/esperan-que-la-ley-solidaridad-social-inyecte-121000-millones-al-mercado-interno-n5076504 Broda (Informe Mensual de Diciembre de 2019 de Carta Económica)

Suspensión rebaja alícuota Imp. Ganancia del 30% al 25%: $57.000 millones Suba Impuestos Internos y Tasa de Estadística: $38.000 millones

Así la Solidaridad Social combina una política más redistributiva del gasto con la recomposición de los ingresos públicos adecuada a las necesidades de emergencia social. Por el lado de los ingresos, las medidas revierten las rebajas que la administración de MM había aplicado a determinados conceptos: contribuciones patronales, derechos de exportación, impuestos a los bienes personales y ganancias de empresas. Además, el impuesto al turismo y al atesoramiento apunta a la situación fiscal y a evitar las fugas de capitales.

Debe tenerse en cuenta que el resultado deficitario que el gobierno de MM había dejado para 2020 mostraba un déficit primario de 1,5% del PBI y 4,9% del PBI de déficit financiero. A partir del reajuste tributario se estima un resultado primario cercano al equilibrio, con un déficit primario del 0,3% PBI, y un déficit financiero de 3,7% PBI.

Este esquema que se plantea indudablemente para el corto plazo, hasta marzo o abril, son desafíos acordes a la renegociación la deuda pública externa. En 2020 vencen US$20.6000 millones en moneda extranjera con acreedores privados y las reservas netas son menores a los US$16.000 millones (estimación).

4. Desendeudamiento: No al escenario de default

La voluntad de pago de la deuda es total. La premisa es respetar la deuda privada y bajo ningún punto de vista negarla. Esto incluye el respeto del 100% de la emisión. Pero siempre asegurando que la negociación se haría de manera voluntaria.

Se debe alcanzar un acuerdo con el FMI para restructurar los compromisos de deuda con el organismo y con el sector privado. Un ajuste de las cuentas públicas, que no recaiga el peso del esfuerzo en los sectores más vulnerables, sino en aquellos sectores que están en condiciones de dar un poco más (ver ítem 2). El financiamiento está cerrado para la Argentina. Nadie le prestaría dinero a un país con un riesgo de 2000 puntos y en plena crisis económica.

El 21/01/20 el gobierno de AF envió al Congreso un Proyecto de Ley titulado “Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa” mediante el cual se declara prioritaria para el interés del país la restauración de dicha sostenibilidad en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que pide que el país mejore al menos dos de tres condiciones que son plazos, tasas de interés y monto de capital.

El PEN será quien determine el monto final a renegociar, de un universo posible de cerca de US$ 140.000 millones emitidos bajo ley extranjera, que representan el 44,9% del total de la deuda pública argentina. Cabe destacar que de ese universo posible, los tenedores privados poseen alrededor de u$s40.000 millones, mientras que el resto está en manos de dependencias públicas u organismos internacionales. El proyecto fue aprobado el día 6/02/20.

Conclusión

Todavía no hay un plan de crecimiento concreto ni tampoco una política para lograr mejorar el perfil exportador del país. Aunque hay esbozos de lo que se pretende. Es evidente la necesidad de arreglar el endeudamiento externo de manera que no sea una traba para el crecimiento, tal como pretende el gobierno. Para ello el mes de abril es clave para ver cómo se aclara, o no, el panorama.