En el marco de la presidencia argentina del G20, se realizó la Cumbre del Grupo de Afinidad Civil-20 (C20) el 6 y 7 de agosto pasado. Allí, en el Panel de Alto Nivel sobre “Desafíos mundiales financieros y económicos para un desarrollo sustentable”, la representante de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD) afirmó sin dudarlo que es necesario desactivar la “bomba de relojería” que significa la Asociación Público-Privada/APP (en inglés “Public-Private Parnertship” / PPP).
En un momento en que en Argentina como en otros países de la región se promueve la Participación Público-Privada (PPP) como una herramienta necesaria para cumplimentar las obras de infraestructura indispensables, esta posición mereció la atención de los miembros de la sociedad civil que participaban de la cumbre.
La advertencia surge de un estudio realizado para el decenio 2002-2012 que fuera actualizado al año 2017 y donde –según evalúan los responsables del trabajo- este vínculo resultó negativo para los países que lo promovieron que, si bien en su mayoría resultaron países emergentes o en crisis, también lo fueron países desarrollados. Así, el estudio refleja los análisis sobre Reino Unido, Portugal, Ghana, Perú y Lesoto, por ejemplo.
La crítica atiende que, aunque en un primer momento pueden parecer beneficiados por la vinculación con el sector privado, los países al final terminan afectados no sólo en su economía con el incremento de sus costos sino fundamentalmente en su rendición de cuentas democrática.
Señala el trabajo que es fundamentalmente el Grupo Banco Mundial el que promueve este tipo de asociaciones, como “medio de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, lo que resulta más que atractivo para los países que se han comprometido a alcanzarlos. Las inversiones en APP en un período de ocho años pasaron de USD 25.000 a USD 164.000 millones, siempre con el apoyo de alguno de los bancos multilaterales de desarrollo.
Afirma EURODAD sobre las PPP que:
1) son a menudo más costosas, 2) en la parte fiscal tiene pasivos explícitos pero otros contingentes no transparentes, 3) promueven prácticas contables fuera del balance y sin limitaciones presupuestarias, 4) da lugar a una distribución del riesgo desequilibrada que favorece a los inversores
privados frente a los gobiernos y ciudadanos, 5) los gobiernos pierden el gerenciamiento de los proyectos financiados y por ende el
control de su rentabilidad.
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268322/norma.htm
El informe, basado en un estudio debidamente fundado, es una “alerta temprana” que debe merecer no sólo la atención de los funcionarios públicos sino también de la Justicia, de la ciudadanía toda y sus organizaciones de la sociedad civil que suelen ser un eficaz vigilante de la operatoria pública.
Países como la Argentina y prácticamente todos los de la región, tienen serias dificultades para implementar desde los gobiernos las obras de infraestructura necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable. No sólo por carecer de recursos propios, sino también por los inconvenientes para acceder al crédito internacional (sus calificaciones de riesgo van en aumento) como por la carencia de personal técnico capacitado para llevar adelante los proyectos.
Por lo tanto, lo que denuncia la EURODAD es el resumen de las maneras en que la PPP puede en definitiva resultar más costosa para los países y de una manera que se viste de legalidad: a través de una contabilidad fuera del balance de las cuentas nacionales, con costos de asesoramiento y renegociación impredecibles, con incrementos por variaciones en cotización de moneda o caída de utilización de servicios calculados sobre costos que se ignoran por estar fuera de los registros del gobierno y que son determinados por la discrecionalidad privada.
La delegación en el manejo de los proyectos al sector privado está protegida hasta el final ya que quien termina pagando los desbarajustes que pudieren existir es el gobierno, sea asumiendo la deuda privada o sea por “rescatar” socialmente a la empresa PPP. Y lo hace pagándolo con los fondos públicos recaudados de las contribuciones de sus ciudadanos.
Este informe, que está publicado3, impide ahora escudarse en que se ignoraban los riesgos de estos procedimientos. Los jueces tampoco podrán mirar para otro lado con estas situaciones y la ciudadanía estará alertada para exigir a los responsables.
Las PPP pueden implementarse pero estas advertencias deberían guiar el diseño del proyecto; su negociación; la asunción equilibrada de riesgos (¡que los empresarios de obras públicas también los asuman!); un registro contable que permita la tarea de los organismos de control de los auditores, la sociedad civil y la propia ciudadanía; el aprovechamiento debido de su rentabilidad; una mejora de la rendición de cuentas democrática y, en definitiva, que el proyecto sea eficaz para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable.
Gráfico o imagen disponible en el informe en PDF.
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